domingo, 29 de marzo de 2015

EL DECÁLOGO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción se ha convertido en las últimas décadas en una de las principales amenazas a los sistemas democráticos en muchas partes del globo, promoviendo la aparición de movimientos populistas de extrema izquierda y una profunda desafección de la ciudadanía con el sistema político, que supone el camino más expedito para los movimientos autoritarios. Así sucedió en los años anteriores a las dos guerras mundiales. La corrupción además tiene un coste económico para las sociedades donde es una práctica habitual. Se estima que el coste mundial de este fenómeno supera el billón de euros al año, superior al total de todos los depósitos bancarios del mundo en efectivo. 

Existen por tanto razones morales pero también económicas para erradicar la corrupción. Existe un claro consenso que este fenómeno está mucho más arraigado en sociedades donde impera la moral individual sobre la colectiva y sobre todo en países en los que existe un fuerte intervencionismo gubernamental que facilita que la toma de decisiones sobre multitud de aspectos de evidente contenido económico corresponda a funcionarios o políticos.

En España, la corrupción es un fenómeno que ha ido paralelo a la vida política, con independencia del tipo de gobierno. En todos sin excepción ha habido casos flagrantes de corrupción y también una corrupción generalizada de bajo monto. Es definitiva el montante de la corrupción ha dependido del nivel de decisión que cada funcionario o politico ha tenido. Desde que el duque de Lerma se llevó la capital de España a Madrid a la compra de buques rusos por Fernando VII a cambio de comisiones cuantiosas; a la restauración y la república, pasando por el franquismo y la democracia. En algunos casos incluso la corrupción ha sido generacional, pasando de padres a hijos y nietos.


¿Pero está España condenada a vivir y convivir con la corrupción; ¿Está acaso en nuestro ADN?. La respuesta a ambas cuestiones es negativa. En primer lugar hasta los países de moral calvinista disponen de leyes que previenen y castigan con gran severidad la corrupción; así también ocurre en los países nórdicos y en Estados Unidos. Si fuera una cuestión de conciencia, estos países tan supuestamente puristas no necesitarían de leyes rigurosas.

Pero el concepto de corrupción puede llegar a ser tan extenso como inabordable su tratamiento. El trabajador que no cumple con el horario; el funcionario que se lleva bolígrafos a casa; el empresario que pasa sus comidas particulares como de empresa; el político que viaja para asuntos particulares bajo el paraguas de una acción política; el que consigue una rectificación millonaria de terrenos. Sin duda todo es corrupción y todos somos corruptibles, de manera que para luchas contra la corrupción debemos en primer lugar delimitar los que debe ser el ámbito de la lucha, tanto objetivo como subjetivo.

La corrupción política alude a decisiones arbitrarias o actuaciones incorrectas que producen un perjuicio al erario público, ya de forma directa o indirecta; quiero decir ya sea porque se trata de un sobrecoste en una obra como porque se podían haber tomado decisiones menos onerosas para el presupuesto. Desde el punto de vista subjetivo tiene como sujetos a funcionarios y políticos que ejercen funciones de gobierno y que por tanto adoptan decisiones sobre el uso de activos públicos, así como a los inductores y beneficiarios. Este ultimo aspecto es importante, ya que si queremos ser eficientes en la lucha contra la corrupción, debemos actuar de forma muy contundente contra el beneficiario principal que utiliza la corrupción para un beneficio personal ilegítimo.

También debemos ser conscientes de que no se pueden evitar los delitos, y que no podemos establecer tantos controles que hagamos ineficaz la acción de gobierno. debemos asumir que como seres humanos evitar la corrupción de una manera total es metafísicamente imposible. En consecuencia debemos convivir con un cierto grado, pero lo que sí está en nuestra manos es evitar la sensación generalizada de corrupción, en cuanto amenaza a la estabilidad de nuestro sistema democrático. En este sentido deben darse todas aquellas medidas que reduzcan los actos corruptos y eviten una imagen de impunidad. 

Si seguimos muchos ejemplos de otros países y estamos convencidos que la corrupción es un lastre para la economía de un país y que es inaceptable moralmente, es hora de que los partidos adopten una posición muy firme. En esta línea diez son las medidas que se proponen para una acción eficaz y medida a la vez, contra la corrupción.

1. La estructura de los partidos y la conformación de sus órganos directivos constituyen un incentivo a la corrupción. Listas abiertas y primarias y limitación de mandatos. Mandato representativo; los políticos deben ser identificables por sus votantes para poder exigir una acción eficaz y honesta. Los partidos tendrán responsabilidades subsidiarias patrimoniales que deberán ser asumidas por los dirigentes de los partidos que nombraron a los cargos corruptos.

2. Las designaciones cargos de confianza sin concurso generan unas posiciones de privilegio que deben justificarse mediante el mérito. Los concursos públicos para la promoción y la asignación de puestos en todas las administraciones debe ser el criterio general. Los funcionarios de nivel superior a subdirector deberán tener también limitaciones de mandatos en cada puesto.

3. Los funcionarios y cargos públicos no podrán recibir regalo, donativo, invitación a comer, invitación a viajes ni ninguna retribución en especie. Las empresas que reciban contratos de la administración no podrán ser donantes de partidos políticos, ni fundaciones asociadas a partidos ni a sindicatos. Esta prohibición afectará a las empresas contratistas, a sus matrices y sociedades vinculadas así como fundaciones y empresas propiedad de empresarios que tengan posición de dominio sobre las anteriores.

4. Las subvenciones públicas se adjudicarán todas por concurso y existirá intervención crítica sobre estos actos por la intervención delegada que corresponda.

5. La elaboración de planes de urbanismo, planes generales y parciales, serán evaluados por los organismos de las comunidades autónomas competentes. No podrán recalificarse terrenos si contravienen lo establecido en los planes; la medida también afectará al cambio de utilidad del suelo. La arbitrariedad en el uso del suelo deberá reducirse al mínimo.

6. Todos los contratos de las administraciones municipales y autonomías se publicarán y se evaluarán y adjudicarán a través de portales de compras por internet. Todos los pliegos de contratos saldrán a información pública por internet para que las empresas interesadas puedan introducir mejoras  o modificaciones. Las ofertas de todas las licitantes serán públicas y publicadas.

7. Los bancos deberán colaborar activamente con la Administración informando de movimientos que pudieran cubrir actos de corrupción. Los bancos serán responsables subsidiarios de los perjuicios que se produzcan por no haber actuado con la debida diligencia.

8. Los funcionarios y cargos políticos de todas las administraciones de nivel superior a director general y altos cargos de agencias estatales, empresas públicas y entes una vez cesen en sus puestos no podrán durante dos años tener relación contractual sea laboral o mercantil con empresas que hayan sido beneficiarias de contratos o decisiones regulatorias. Esta prohibición se extenderá a familiares de  segundo grado.

9. Se prohibirán los pagos en efectivo superiores a mil quinientos euros. 

10. Las responsabilidades penales que se deriven implicarán penas de privación de libertad, y pecuniarias. También disolución de sociedades y de órganos de dirección de sociedades y partidos políticos. Se establecerán nuevas figuras delictivas como financiación ilegal de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, el delito de instituciones financieras de no informar de movimientos sospechosos de fondos o inversiones o de transferencias o movimientos con paraísos fiscales. Las penas de inhabilitación para funcionarios, políticos y empresarios o particulares serán lo más extensas posibles.

Con todas estas medidas, seguramente no podemos asegurar que desaparezca la corrupción, pero habríamos contribuido sin duda a moralizar un poco más la vida pública; reducir los costes que supone para la sociedad y prevenir de la tentación. Si esto se consiguiera, ya sería mucho.





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