sábado, 9 de enero de 2016

BENVINGUT PUIGDEMONT: POR FIN UNA BUENA NOTICIA EN CATALUÑA

Por muy exótica que nos parezca la alianza entre los burgueses catalanes y los antiburgueses, algo parecido a lo de Rusia en 1917, que por fin se aclare el panorama en Cataluña y haya un gobierno es una excelente noticia, ya que el limbo en el que vivíamos era absurdo y mostraba que en fondo de todo esto que llaman el proceso hay elementos oscuros que algún día saldrán a la luz.

Lo mejor de todo es que por fin el gobierno de Cataluña podrá actuar y en consecuencia poner en marcha su hoja de ruta hacia la independencia, tal como planearon durante meses en esta especie de asamblea de nobles que es la ANC. Ya podrán crear su ejército y sus servicios de inteligencia y tener su agencia tributaria; en definitiva tomar acciones legislativas que produzcan efectos jurídicos.

La respuesta a estos hechos dependerá de quien se siente en la Moncloa en los próximos meses. 

Pedro Sánchez se sentará con sus colegas independentistas cuyos votos necesita para gobernar y les ofrecerá su reforma constitucional que es una España federal. Y no se si esto lo entienden todos los españoles pero un federalismo implica el fin de la soberanía nacional y el reconocimiento del derecho de los estados a decidir si quieren formar parte de la nación. Es decir, son las regiones las que se federan en una nación o estado. El problema es que esta reforma no se puede hacer sin el partido popular de manera que por muy buenas intenciones que crea Pedro Sánchez que englobaría este cambio constitucional, nunca se va a dar la mayoría necesaria para esta reforma. Además tengo serias dudas que esta concepción sea compartida por la mayoría del partido socialista. ¿Aplicará Pedro Sánchez el artículo 155 para evitar el golpe de estado que se geste en Cataluña ? Con toda seguridad, no, porque le supondría la perdida inmediata del gobierno. Por mucha propaganda culpabilizando a Rajoy del auge del independentismo, lo que ha ocurrido no es que el electorado se haya decantado por los partidos soberanistas sino que los nacionalistas por interés propio decidieron hacerse independentista.

Puede el gobierno en funciones acudir al artículo 155 si se pone en marcha el proceso anulado por el Tribunal Constitucional; no sólo puede sino que debe, porque si no incurriría en graves delitos. Lo bueno es que ya tiene Rajoy a quien enviarle el requerimiento para que cumpla la Constitución y que activará el artículo 155. Sólo necesita de mayoría absoluta en el Senado, que ya la tiene el PP, o sea que no parece que exista ningún obstáculo. El alcance de la aplicación del artículo 155 dependerá de la gravedad de las decisiones que se adopten. Pero la disolución del Parlamento catalán y el nombramiento de un gobierno administrativo por el gobierno central serían pasos ineludibles e inmediatos. La detención de los autores de los delitos será una obligación legal a la que los jueces y policías vendrán obligados. 

Ahora bien dicho todo esto que son pasos ineludibles y exigibles, ¿Qué hacer después? Y ante ello los pasos deberían ser los siguientes:

Uso de todos los medios necesarios para hacer cumplir la ley: El nivel de fuerza deberá ser proporcionado a la amenaza.
Ilegalizar los partidos políticos que promueven la independencia.
Convocar nuevas elecciones autonómicas
Negociar un estatus especial para Cataluña que suponga cambios en su relación con España con el consenso entre las principales fuerzas políticas españolas.Su ámbito podría afectar a cuestiones fiscales, relaciones institucionales y de autogobierno.
Referendum de aprobación del nuevo estatuto de Cataluña.
Si el referendum es negativo, pues el actual estatuto continuaría en vigor.

Lo que nunca aceptarán los soberanistas es el proceso constitucional para la independencia de Cataluña, es decir la votación de todos los españoles, porque esto atacaría la esencial de su soberanismo.

No se me ocurre otra forma civilizada y legal de comenzar a poner orden a este desafío el mayor al que se enfrenta España desde que Napoleón cruzó la frontera camino de Portugal y que los españoles y en especial los catalanes supieron resolver con un gran sacrificio. No hacer nada y pensar que Cataluña puede estar intervenida por décadas no sería aceptable ni recomendable. Pero el mensaje de cumplimiento de la Ley a cualquier precio debe quedar meridianamente claro. El estado democrático de derecho no está subordinado a la voluntad popular, ni la catalana ni la española.






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