lunes, 11 de enero de 2016

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA INDEPENDENCIA: LOS TRES ESCENARIOS.

Durante años se ha justificado el ansia independentista por consideraciones económicas. España nos roba ha sido el leimotiv de los soberanistas, al menos desde que Agustí escribió la saga de los Rius ya lo llevo oyendo. Como en este país no hemos conseguido tener una única información admitida por todos de los ingresos y gastos y balanzas fiscales, resulta muy difícil hacer evaluaciones como las que aquí planteo. Pero a pesar de estas barreras, tenemos diversos datos y algo de sentido común para poder hacer una aproximada evaluación del impacto económico para una Cataluña independiente y pare el resto de España.

Hablo de tres escenarios, porque según cuál sea el que se adopte, los efectos son de una gran disparidad, y este primer elemento debería ser considerado por las autoridades de Madrid y de Barcelona para poder adoptar las decisiones correctas para sus ciudadanos.

Un primer escenario es el del abandono; algo así como lo ocurrido en Irak en 2003. Este escenario significa que ante la declaración independentista el gobierno de Madrid se retira en una noche y Cataluña amanece siendo independiente y nadie se acuerda de ellos y por tanto pueden comenzar desde cero su proceso sin cortapisas ni negociaciones.

Un segundo escenario es que el gobierno catalán insiste en su proceso y el gobierno de España en evitar que se incumpla la ley, y que esta situación se extiende durante los cuatro años de legislatura. Mientras tanto las instituciones de Comunidad Autónoma y nacional se mantienen funcionando. en todo aquello que no viole la Constitución y el Estatuto. En mi opinión la opción más probable y así hasta que la CUP se aburra.

Un tercer escenario sería una independencia negociada entre Cataluña y Madrid, en la que se establezcan los términos del acuerdo de escisión. Se trata de un análisis económico y por tanto no entro en la consideración de si esto es legal.

Cuando una entidad territorial piensa en independizarse lo primero que debería considerar es su balance; lo mismo que cuando se segrega una empresa de su matriz. Analizar activos y pasivos, cartera de pedidos, pagos pendientes, ingresos y gastos, es decir el balance y la cuenta de resultados de ambas entidades. A su vez hay que analizar los modelos productivos; sin son mas industriales o comerciales, el peso de los distintos elementos y su viabilidad de futuro, por ejemplo los pasivos laborales y el valor y liquidez de los activos. Y por supuesto hay que analizar el marco normativo y el práctico. Este ultimo resulta esencial para crear nuevas estructuras y depende mucho del escenario que se maneje.

Imaginemos el irrealista escenario de que el gobierno español se retira a las fronteras y al día siguiente hay que comenzar desde cero, sin que exista ningún acuerdo previo ni posterior.

La primera consecuencia es que Cataluña no podrá integrarse en el Euro ni en la Unión Europea hasta que no exista  un acuerdo con los acreedores y los bancos centrales de qué va a ocurrir con la deuda pública hispanocatalana. Como no creo que el gobierno de España vaya a asumir los aproximadamente 200.000 millones de euros que corresponderían a Cataluña en función de su PIB per capita, casi esto por si solo sería un casus belli, se crearía un vació legal que hasta que no hubiera acuerdo dejaría a España y a Cataluña en cuarentena y fuera de los mercados financieros ya que ambos incurrirían de manera automática en default; uno al no querer asumir la deuda del otro y el otro porque tendría que negociar unilateralmente con los acreedores su parte de deuda contraída por España, negociación que es imposible sin la connivencia de España. Entrar en default significará que sólo el año que viene ambos gobiernos deberán bien incrementar sus ingresos o bien recortar sus gastos en un 15%, sin contar con la necesidad de emitir nueva deuda que sustituya a la vencida que en función de la prima de riesgo podría llevar el recorte de gastos al 30% de manera inmediata. 

Si no hay acuerdo de deuda, no hay modo alguno de endeudarse y hay que cubrir todo el déficit y la deuda a renovar con recursos de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que entre funcionarios y gasto social suponen el 90% de los gastos excluidos deuda; significaría que un tercio del gasto social tendría que desaparecer de forma automática, o bien incrementar la recaudación en un 30%. El primero que lo haga tendrá que explicar a sus ciudadanos a qué se debe este expolio o este recorte. Este hecho producirá de manera inmediata un rescate de la banca que no tendrá liquidez fuera de los mecanismos, un corralito en ambos países para evitar la fuga de depósitos y la subida de tipos de interés tanto por la disminución de la oferta monetaria como por el incremento de la prima de riesgo.

El segundo tema sería que el proceso para la posible entrada de Cataluña en la Unión Europea sólo sería posible si España reconociera a Cataluña, ya que es condición imprescindible de la UE que la admisión de un nuevo estado sólo es posible si todos los miembros lo reconocen. Bajo este escenario, Cataluña quedaría fuera del espacio Schengen y de las políticas comunitarias, especialmente de la PAC, lo que obligaría a los agricultores catalanes a mirar a su nuevo president para que les compense de lo que perderán al abandonar la PAC. Es decir España continuaría cubierta por el paraguas europeo mientras que Cataluña estaría fuera, para alegría de la CUP. La única manera de soslayar este pequeño inconveniente es que Cataluña consiguiera la expulsión de España de la Unión Europea.

Como el nuevo gobierno querrá evitar la fuga de divisas o la entrada en masa de productos de fuera más baratos, establecerá controles de cambios y de disponibilidad de efectivo. Al menos durante un periodo de seis meses a un año, debería imponen un corralito hasta que se tuviera establecido un mecanismo de liquidez. Es decir todos los catalanes verían restringido su acceso a sus depósitos. de manera inmediata. Solamente los que tengan dividendos de acciones de empresas extranjeras, o sea los ricos de siempre, podrán esquivar el inconveniente del corralito. Las ventas de activos a extranjeros españoles deberían gravarse para evitar un fraude de ley, así como las importaciones, lo que teniendo en cuenta que se trata de una economía que importa casi todo lo necesario para la vida diaria, la energía que consume, los alimentos, el agua, todo viene de fuera, lo que implicará un rebote inflacionista que llegaría de forma inmediata a los dos dígitos. Los productos catalanes quedarían fuera de las exenciones arancelarias del espacio económico europeo y seguramente para proteger a su industria local debería incrementar los aranceles a las importaciones. La eterna lucha de la industria catalana del pasado. Y además Europa gravará las importaciones de productos catalanes como si fueran de Moldavia.

El hecho de que Cataluña tenga los tramos marginales más altos de España en el IRPF y que a pesar de ello la recaudación media por habitante es la mitad que en Madrid, muestra la escasa sostenibilidad del modelo económico. En estos 18 meses de preindependencia ante la eventualidad de verse abocada a un corralito, con una moneda propia y contando con meses hasta que se establezcan los criterios y los medios de recaudación y pago, la fuga de capitales de Cataluña podría superar el 25% de los recursos financieros de la Comunidad Autónoma. Todo lo que no sea como la novela de Lapierre y Collins “esta noche la libertad” abrirá un escenario de incertidumbre que va a perjudicar al más débil. 18 meses para tener los depósitos en lugares más seguros; domiciliar las empresas donde se paguen menos impuestos; quedarse en la Unión Europea, demasiadas oportunidades y opciones como para dejarlas pasar. Así solo quedarán en Cataluña los botiguers pequeños, aunque ahora la mayoría son tiendas de chinos; para alegría de la CUP y la izquierda que tendrán refugiados, inmigrantes chinos y pequeñas tiendas de barrio como tejido productivo y campesinos como dijo el nuevo presidente, cómo una persona que llama campesinos a los agricultores puede transmitir confianza. en el siglo XXI.

El segundo escenario sería eternizar la actual tensión que si yo recurro, que si yo apruebo otra ley, que si no puedo. En este caso claramente hay un perjudicado que es Cataluña. La situación de tensión que pudiera generar de una potencial deriva hacia el primer escenario les llevaría a padecer todos los males de una eventual ruptura y ninguna de las ventajas. Los ingresos seguirán en Madrid ,y la sostenibilidad de los gastos sociales en Cataluña y el pago de deudas dependerá de las decisiones que vaya modulando el gobierno de España. El control de los ingresos públicos, de las fronteras y del sistema financiero sería más que suficiente para transmitir a  los mercados una sensación de control de la situación que penalizaría de manera muy poco significativa al resto de España 

La situación de indefinición sería terrible para los catalanes y no sólo en lo económico sino en lo social y político y en especial para los más desfavorecidos. Los que puedan llevarse el domicilio de su empresa o sus depósitos o activos  lo harán a la espera de ver qué pasa, y como siempre los que no tienen nada se comerán el marrón. En este escenario solo hay una legalidad y una pirámide normativa que nace de la Constitución, luego los funcionarios solo tendrán una obligación cumplir la ley que solo puede ser una porque la alternativa es la prisión, y así ninguna ley por mucha solemnidad que aprueben se podrá aplicar; porque lo que no se dan cuenta estos legisladores es que existe un entramado de poderes y contra poderes que es la mayor defensa del sistema politico y económico. Nadie tiene poderes absolutos para que todo el mundo obedezca por mucha convicción que transmitan. ¿Ustedes creen que el jefe de los mossos de escuadra no va a detener al presidente si lo ordena un juez? Esto recuerda cuando Suarez se quedó sin ministro de marina por la dimisión de Pita y fue llamando a todos los almirantes hasta que uno aceptó el cargo e hizo que todos cumplieran con la ley.

El tercer escenario, que sería una independencia negociada debería tratar varios aspectos claves para ser exitosa:

Asunción de la deuda pública.
Asunción de pasivos laborales.
Nacionalidad y domicilio.

Ni que decir tiene que cada uno de ellos tiene unas implicaciones economicas enormes tanto para los siete millones de catalanes como para el resto de los 41 millones de españoles.

Para determinar qué deuda le corresponde a cada parte, el criterio más logico sería el cálculo del peso de la deuda en función del PIB per cápita ya que es este elemento el que determina la sostenibilidad y capacidad de pago y también el origen. Obviamente los soberanistas no querrán eso ni en pintura ya que el PIB per cápita de Cataluña es de unos 27.000 Euros y el del conjunto de España es de 22.800.

Teniendo en cuenta que la deuda pública nacional ascenderá a finales de 2016 a 1.100.000 Euros, la parte de deuda que le correspondería a Cataluña sería en caso de medirse con el PIB el 19,1% de esta cantidad, es decir una deuda de 211.077 millones de euros, pero si fuera en función del pib per cápita esta cantidad se elevaría a los 250.000 millones de Euros. Si a eso se añade la deuda autonómica catalana que es la más alta de España con un 34% de su PIB, Cataluña nacería con una deuda pública equivalente a los 320.000 millones de Euros, 42.670 Euros por catalán. Como los intereses de la deuda ya no estarían garantizados por la prima de riesgo española sino por la catalana, la tasa de interés pasaría del 2% al 10%, y ahora echen números. 32.000 millones de euros al año sólo para pagar intereses.

Sin embargo el peso de la deuda pública sobre el resto de España descendería en un 17% sobre el PIB en caso de aplicarse el criterio del PIB per cápita. .El PiB español quedaría en 842.000 millones de Euros y el catalán suponiendo una contracción inicial como consecuencia de la caída de la demanda y  de la inversión pública en torno a un 8% en el primer año, significaría un PIB de 180.000 millones de Euros, y su deuda pública un 200% de su PIB. Hecho ya descontado por los mercados que sitúan a Cataluña con el mismo riesgo crediticio que Venezuela y fuera de los mercados.

La asunción de los pasivos laborales es una segunda cuestión. Los funcionarios de la administración central en Cataluña deberían ser asumidos por la Comunidad Autónoma una vez realizada la correspondiente inmersión. Si no se asumen, tendrán que indemnizarlos porque ellos tienen ganada su plaza en Cataluña y a lo mejor no quieren irse a vivir a otros sitio. A su vez debería asumirse el pago de las pensiones que en el caso de Cataluña añade un elemento diferencial negativo. Las pensiones catalanas medias son superiores a la media nacional al tratarse de empleos más cualificados y con menores tasas de desempleo. Es decir que una economía más pequeña y más endeudada y con las dificultades indicadas, deberá hacer un esfuerzo mayor para pagar a sus pensionistas. Casi un 10% de media superior a la media nacional. Otro fuerte pellizco al contribuyente catalán. También ocurre con el desempleo ya que el gasto medio por desempleado en Cataluña es superior al resto de España, aunque eso sí su nivel de desempleo de partida es inferior, pero una contracción de esta envergadura debería tener un impacto muy negativo en el desempleo.

El tercer elemento crítico es el de nacionalidad que afectará a cuestiones como la jurisdicción, los derechos y libertades y la propiedad. Una independencia supondrá la asunción por imposición de la nacionalidad catalana a todos los que tenían la española y que residen en Cataluña. Igual ocurrirá con las empresas; con la independencia de que éstas tienen mucha más movilidad que los trabajadores. Para Cataluña mantener la doble nacionalidad implicaría un caos ya que supondría que los ciudadanos de Cataluña podrían acudir a otras instancias judiciales e incluso participar en el ejército española y en la guardia civil. Como también habrá muchos catalanes que no quieran ser también españoles, se crearan ciudadanos de primera y segunda. Esta claro que en la hoja de ruta catalana la doble nacionalidad hispano catalana no puede ser una opción. El éxodo de jubilados a España para seguir disfrutando de las buenas pensiones catalanas mientras que cotizan y consumen en España sería la salida natural para todos aquellos que no querrán verse privados de su nacionalidad de origen o que simplemente quieren vivir mejor sus últimos años. Podría un español residente en Cataluña acudir a su jurisdicción nacional para reclamar contra actos de la administración catalana. Podrán optar los españoles por vivir en Cataluña como extranjeros, ¿En ese caso podrán votar?¿ Tendrán los mismos derechos?

Es decir el único camino que no llevaría a Cataluña al caos y al aislamiento del mundo occidental sería una independencia negociada y acordada con Madrid, porque si no hay acuerdo mucho me temo que los catalanes serán los que paguen el pato, eso sí el orgullo nacional les compensará de desabastecimiento en los supermercados, de la ausencia de una divisa de cambio; sin recursos para atender sus actuales obligaciones, con un riesgo crediticio de bono basura y etc etc etc. 

Yo si fuera Puigdemont ya iría pensando de qué voy a hablar con el presidente en funciones por la cuenta que le trae a los catalanes.






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