LAS PRIMERAS TAREAS DEL NUEVO GOBIERNO EN DEFENSA

Cuando por fin se despeja el camino para que el Partido Popular pueda gobernar y de esta forma inaugurar una nueva legislatura, el próximo gobierno  debe adoptar con el mayor consenso posible una batería de medidas urgentes para que las fuerzas armadas españolas no queden colapsadas ante la insuficiencia de medios, el agujero financiero y la incapacidad para atender los diversos retos a los que en materia de seguridad debe enfrentarse España en los próximos años.

No es fácil explicar a la opinión política que atender la necesidades de la Defensa sea una prioridad, cuando al parecer nuestro país tiene tantas asignaturas pendientes, pero no se equivoquen, si el gobierno no atiende las necesidades de su seguridad y defensa, muchos de los logros de las últimas décadas, tanto económicos, sociales y políticos se perderán para siempre. Y tampoco se trata de excederse en el gasto, como sí se hace en otros muchos campos de la acción pública, sino de proporcionar la mayor seguridad al menor coste, lo que debería ser una obviedad para todas las políticas de un gobierno.

El primer elemento a considerar es la disposición de las fuerzas armadas y su ejemplo de sacrificio a lo largo de su historia. Nada más agradecido que dirigir a los militares españoles y a su vez nada tan comprometido por la importancia de sus objetivos, nada más y nada menor que garantizar la seguridad y la soberanía de España.

En primer lugar, debemos hablar de la clara insuficiencia de medios materiales y financieros para atender las necesidades de nuestra seguridad y en especial los retos del futuro. Gran parte del problema es que en un mundo en el que la tecnología evoluciona de forma tan rápida, todavía el ministerio de defensa tiene una deuda de 20 billones de Euros para pagar sistemas diseñados en los años noventa, ya entregados en su mayoría y pendientes de pago. Si queremos que en el año 2050 nuestras fuerzas armadas recuperen unos medios modernos, que sean compatibles con los de nuestros aliados, no podemos demorar más la toma de decisiones sobre las nuevas adquisiciones. Si hoy comenzamos a definir las necesidades concretas de qué avión de combate, vehículos, sistemas de guerra electrónica, ciberdefensa, buques de proyección logística, fragatas necesitamos para reemplazar a los sistemas que ya están terminando su vida útil, no tendremos las primeras entregas hasta el año 2030 por lo que debemos considerar el estado de los medios hoy sino dentro de trece años para determinar los programas que deben acometerse.

La discusión de si hay que modernizar más, o renovar equipos o permanecer en la obsolescencia estratégica, no es una cuestión de preferencia de gasto entre sanidad, educación o defensa, es una consecuencia de unas decisiones estratégicas que afectan a nuestra seguridad individual y colectiva. Y estas ambiciones legítimas para un país como España, son tremendamente sencillas:

En cuanto a nuestros intereses particulares ¿Queremos disponer de una capacidad militar superior, igual o inferior a nuestros vecinos en el norte de Africa?

¿Queremos disponer de una estructura de seguridad que permita afrontar graves riesgos a la población española y que requieran de una acción de naturaleza militar: epidemias, ciberataques masivos, catástrofes naturales, amenazas de carácter organizado y con medios de fuerza a la seguridad de los ciudadanos o mejor confiamos estas soluciones a ONG, hackers o al ministerio de medio ambiente?

Y en cuanto a la defensa colectiva, ¿Queremos seguir siendo miembros de la Alianza Atlántica y de las estructuras militares de la Unión Europea?; ¿Deseamos continuar participando en las operaciones en el exterior bajo el paraguas de las organizaciones internacionales? ¿ Debemos contar con una capacidad de disuasión y contribución frente a las amenazas militares de estados organizados a la paz y seguridad de Occidente? o ¿Queremos prescindir de la seguridad colectiva?

Estoy absolutamente convencido que en una mayoria de la población encontraremos un consenso sobre la respuesta positiva a estas cuestiones, porque la seguridad es un bien preciado como pocos. Es el único bien que estado provee y que alcanza a toda la población por igual, y en especial a los más desfavorecidos que no disponen de medios propios para proveerse seguridad, ya sea dentro de las fronteras o emigrando a terceros países.

Si esto es así, debemos ya levantar la primera barrera intelectual que existe en una gran parte de los creadores de opinión. España no gasta en Defensa para lo que recibe de sus fuerzas armadas y el continuo desplome de los gastos en defensa en los últimos treinta años ha debilitado de una forma altamente peligrosa nuestras líneas de seguridad. Las Fuerzas Armadas de cualquier país constituyen el símbolo más evidente de la fuerza de una nación frente a los enemigos, y la mejor herramienta de disuasión frente a los que quieren violar nuestra seguridad, nuestros derechos y los pilares del estado ; su desatención presupuestaria es la mejor muestra de la debilidad de un estado.

España necesita iniciar con carácter inmediato una serie de programas de renovación que nos permitan mantener la capacidad operativa adquirida desde los años ochenta y que hoy está en serio riesgo de desaparición. Un programa de adquisiciones que prime el desarrollo industrial y tecnológico nacional y que se rija bajo principios de eficiencia y racionalidad.

Parece evidente que las costas españolas no necesitan ser defendidas con baterías de gran calibre como si esperaremos a los piratas del siglo XVI, pero sí necesitamos de una capacidad de baterías móviles de misil antibuque para el control del Estrecho. Esto permitiría reducir su vulnerabilidad e incrementar su eficacia. También necesitamos urgentemente renovar la capacidad de defensa antiaérea, ya que los Roland, Aspide y Patriot se han quedado obsoletos frente a los nuevos aviones de combate que operan en nuestra área de influencia. A estas capacidades de defensa propia del territorio hay que sumar la recuperación de la capacidad de inteligencia sobre plataforma aérea y espacial y un programa de adquisición de patrulleros para una mejor protección de nuestra zona económica exclusiva. Sin embargo, el control del espacio aéreo está a buen recaudo con nuestros Eurofighter.

En cuanto a nuestras capacidades de proyección dentro del territorio de influencia, el lanzamiento del programa de vehículos 8x8 con todas sus versiones es más que crítico para sustituir a los M-113 y BMR; en la actualidad estamos más cerca del ejército de Palafox que de uno moderno con alta movilidad y despliegue de fuego. A ello debería añadirse la artillería autopropulsada  de 155 mm para superar los obuses de ayuda americana que todavía operan en nuestro ejército, y sistemas de misiles tierra-tierra. Dentro del Ejército del Aire, la continuidad del programa C-295 permitirá reducir costes en la operación del A-400M y disponer de una capacidad de proyección regional que España adquirió ya en los años sesenta. Finalmente la Armada debería continuar con nuevos Buques de Acción Marítima que permitan operar en el Mediterráneo y en las costas africanas con menores costes y mayor versatilidad para realizar operaciones militares y también de carácter cívico como protección a los inmigrantes y buques mercantes y civiles que se mueven en estas zonas. La capacidad de patrulla marítima sobre la base de aviones C-295 permitiría adicionalmente contribuir al mayor control de nuestros mares de influencia. La llegada de los NH-90 y la modernización a la version F de los CH-47 serán suficiente para mantener una capacidad en el campo de helicópteros, aunque necesariamente nuevos helicópteros de transporte deberán adquirirse para sustituir a SuperPuma y Cougar al final de su vida operativa. Con 22 NH-90 no podrán realizarse las misiones que actualmente realizan unas 35 unidades SuperPuma y Cougar, por lo que deberán alcanzarse al menos unas 40 unidades de este tipo operativas al final de la próxima década.

La renovación de los aviones F-18 puede ser una decisión que dependerá del nivel de recursos que estén disponibles. Con las nuevas capacidades de que se ha dotado a los Eurofigther, a pesar del recorte, con 73 unidades operativas se mantendría una capacidad suficiente para control del espacio aéreo y capacidad de proyección. Ahora estamos muy lejos de tener ese número de unidades operativas a pesar de tener en inventario unos 140 aviones de combate a causa de la reducción drástica de los presupuestos de mantenimiento.

Finalmente en cuanto a la capacidad de proyección estratégica y contribución a la seguridad colectiva, la pérdida del portaeronaves obliga a utilizar el BPE con un carácter más estratégico que para realizar las misiones para las que fue concebido. La adquisición de una segunda unidad de este  tipo BPE constituye un elemento esencial en una estrategia que permita una mayor dualidad de funciones y duplicar si fuera el caso la capacidad de combate con dos grupos aeronavales. La baja de los aviones Harrier en 2025, no dejan otra opción que la adquisición de aviones F-35, ya que no existe otra capacidad en el mercado. Pero en el futuro a corto plazo la capacidad aeronaval debe verse complementada con drones, aviones de despegue vertical y gran funcionalidad como el V-22 y nuevos helicópteros del tipo SH-60.

La renovación de las fragatas Santa María que entraron en servicio a comienzos de los años noventa, requerirá de al menos cuatro unidades del tipo F-110 que deberán comenzar a operar a finales de la próxima década. También deben reemplazarse los LPD que están muy castigados por las numerosas operaciones realizadas y dos nuevas unidades deberían incorporarse a finales de la próxima década. Con la entrada en servicio de los submarinos S-80 se recuperará una capacidad que España adquirió desde los años veinte y que no puede perder ya sea para acciones de control de nuestros mares de influencia como de vigilancia y operaciones especiales en zonas fuera de nuestro territorio nacional.

Finalmente existen una serie de necesidades críticas en el campo de formación y del soporte logístico. Los aviones C-101 y Pillan ya debían estar en tierra, pero a día de hoy no hay alternativa para continuar la formación de pilotos que deberán adquirir sus capacidades en pocos años en terceros países. La decisión del camino a adoptar es muy variada. Si se desea continuar con el modelo inicial de uno básico de formación y uno avanzado a reactor, deberían buscarse dos modelos. Si se cambia por el modelo de un entrenador a medio camino y terminar la formación en reactores de mayor capacidad, como F-18, las alternativas podrían ser más amplias y obtener una solución más racional y eficiente.

En cuanto a la capacidad reabastecimiento en vuelo, España no ha podido adquirir ninguna capacidad ni sumarse a la iniciativa de la EDA para que países pequeños dispongan de esa capacidad. Lo más lógico sería la adquisición de aviones A-330 que pudieran combinar la capacidad de reabastecimiento en vuelo con la de sustituir a los A-310 que sirven a las autoridades y que ya están más que amortizados. Al menos tres unidades serían necesarias junto a la renovación de aviones más pequeños tipo Falcon, para disponer de una capacidad de transporte de autoridades, abastecimiento en vuelo y a su vez la realización de otras misiones tipo inteligencia.

En el campo de los drones, España no puede quedar al margen y debe disponer de equipos de muy diversa naturaleza y prestaciones, incluyendo sistemas navales y terrestres no tripulados. 

El coste de toda esta renovación que deberían realizarse en los próximos quince años supondría una inversion anual de 1.500 millones de Euros.

Pero también hay una insuficiencia de personal, especialmente de tropa profesional. Con unos efectivos de tropa de 77.000 hombres y mujeres, y con un número de mandos de 56.000, resulta una estructura desproporcionada y muy escasa para mantener las rotaciones, el entrenamiento y disponer de una fuerza lista para actuar ante situaciones complejas o graves. Alcanzar los 90.000 efectivos de tropa, está dentro de los objetivos de personal actuales, y permitiría elevar el personal  hasta 140.000. La financiación de este incremento de personal podría venir de una reducción en el número de mandos, que apenas se ha reducido en los últimos treinta años, a pesar de que los efectivos de tropa sean la mitad que en 2004.

Pero hay un segundo aspecto mucho más urgente, que es el agujero financiero derivado de los denominados programas especiales. En el año 2017 y conforme a la reprogramación de pagos deben pagarse los años 2016 y 2017, en total 2.200 millones de Euros más los intereses y costes del atraso, unos 40 millones añadidos. 21.000 millones de Euros están pendientes de pago hasta el año 2030. De ellos, una parte importante son devoluciones de anticipos al ministerio de industria que prefinanció los programas y otra parte a las empresas proveedoras. Es inaudito que en un país que es una potencia mundial, el ministerio de defensa no pueda recepcionar los equipos fabricados por los proveedores por incapacidad para pagarlos y por su impacto en el déficit. De todos estos programas sólo quedan en producción el S-80, A-400 M, y se están terminando los Pizarro, NH-90, Tigre. Esto quiere decir que no hay opción para renegociar nada en estos contratos ya que los costes para el gobierno serían mucho mayores. Como el Tribunal Constitucional, a mi juicio con razón, echó por tierra el método de los créditos extraordinarios, no queda más remedio que introducir en los presupuestos próximos del ministerio de Defensa las cantidades pendientes de pago según su reprogramación, bajo un concepto separado que sea de "amortización de programas especiales de armamento".

Pero no es el único agujero financiero. Los actuales niveles de operatividad están por los suelos por la insuficiencia de recursos para mantenimiento, combustible, dietas etc. Para alcanzar un ratio similar a otros países europeos, las inversiones para mantenimiento deben duplicarse; y los gastos corrientes en conceptos como combustibles, dietas, formación, también deben multiplicarse por 2,5.

A partir de ahí hay mucha gestión que se puede realizar como una mejor programación; un marco financiero estable, una reestructuración de fuerzas, una racionalización de centros etc, pero sin dar solución a las cuestiones anteriores, nuestros niveles de seguridad se verán rebajados hasta niveles no conocidos en nuestra historia; la capacidad de contribución a la seguridad colectiva se verá diezmada con las implicaciones que esta actitud conllevaría y el retraso tecnológico de nuestra industria asociada a la seguridad nos llevaría a una situación irrecuperable.

Este es un debate que debe abrirse de inmediato ya que los retrasos producidos en la toma de decisiones han encendido todas las alarmas y nos encontramos ante una situación límite que no se reemplaza por buenos desfiles; por acciones puntuales exitosas como la intercepción sobre el País Vasco de bombarderos estratégico nucleares rusos o la intervención de la UME este verano. Estos pequeños éxitos no pueden enturbiarnos la realidad de la crisis de nuestra estructura nacional de seguridad solo compensada por el buen ánimo y la profesionalidad de nuestros militares, pero que en el mundo tecnológico de hoy son apenas una parte, necesaria, pero pequeña, de las capacidades que se requieren.

El Brexit ha supuesto para la Unión Europea perder a su vanguardia militar; los países del Este de Europa desconfían de la capacidad de los grandes países europeos para contener el expansionismo ruso y la tendencia al aislacionismo con una mayoría republicana en Estados Undos en las Cámaras ya han tenido una respuesta con el documento impulsado por Alemania y secundado por Francia, Italia y España para crear una estructura de fuerzas real y creíble dentro de la Unión Europea, sin esperar al consenso para no dilatar la decisión. El futuro de Europa como entidad política está necesariamente atado a un presupuesto de defensa que debe situarse en el 2% del PIB; sólo así podremos suplir al paraguas de Estados Unidos y Reino Unido y ser de verdad una entidad política autónoma y creíble. No es posible una Europa fuere sin una defensa fuerte, y fuera de Europa en la ley de la selva entre todos siempre saldremos perdiendo.

Pero no será fácil en un parlamento tan fragmentado y sin mayorías claras; el ejercicio de didáctica y diálogo va a obligar a llevar los ministerios al Congreso y trabajar más en la generación de consensos que en la ejecución de decisiones que quedará en manos de los altos funcionarios, y esto solo se consigue con una mezcla de didáctica y paciencia.